El Gobierno persiste en su propuesta de aumentar los impuestos a las entidades bancarias y empresas energéticas.
La nueva tasa gravará sus ingresos durante los próximos dos años. Además, se prohíbe a estos sectores transferir estos costes a los consumidores, bajo amenaza de sanciones severas.
El Gobierno ha optado por utilizar una figura tributaria poco convencional, similar a la que se aplica a las concesionarias, lo que probablemente generará una ola de litigios. Expertos fiscales consultados confirman que esta tasa podría representar una doble imposición, lo que abre la posibilidad de que las empresas presenten demandas judiciales.
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), ha expresado su preocupación sobre una posible prórroga del impuesto adicional a las empresas energéticas, según un comunicado emitido. Podría tener un impacto negativo al poner en riesgo inversiones por valor de 16.500 millones de euros destinadas a la transición energética.
La patronal ha argumentado que mantener este impuesto, inicialmente previsto para los años 2023 y 2024, podría limitar la capacidad de generar nuevas inversiones y ralentizar las estrategias de descarbonización de un sector esencial para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Esto, a su vez, podría perjudicar la competitividad de la industria española en comparación con operadores extranjeros.
La AOP advierte que si este impuesto se mantiene, las inversiones en España enfrentarían una incertidumbre en términos fiscales y regulatorios. La prórroga de esta medida, inicialmente introducida de manera excepcional por un máximo de dos años para abordar la peor crisis energética mundial en décadas, va en contra de la política energética de la Unión Europea. Dicha política se enfoca en impulsar la competitividad y el liderazgo industrial en tecnologías de emisiones netas cero, además de normalizar los mercados sin penalizar a la industria española.