El 30 de mayo, Aragón implementó un nuevo impuesto medioambiental que afecta a los parques eólicos y fotovoltaicos. Esta medida busca gravar las «afecciones medioambientales y visuales adversas sobre el medio natural, el paisaje, la flora y la fauna» causadas por estas instalaciones. Se espera que una legislación similar entre en vigor en el País Vasco a principios de 2025. Con esto, ya son seis las comunidades autónomas que han decidido imponer un peaje a los promotores de energías renovables.
El contexto del impuesto
Finalidad y Justificación
El nuevo impuesto en Aragón se enfoca en aspectos específicos de las instalaciones. Para los parques eólicos, se grava la potencia, la altura y longitud de los aerogeneradores, así como el diámetro de las palas. En el caso de la energía fotovoltaica, se considera la superficie vallada del parque. Según el Ejecutivo aragonés, se espera recaudar 16 millones de euros este año y más de 40 millones de euros anuales a partir de 2026 y 2027, cuando el impuesto esté completamente implementado. Además, se ha comprometido a destinar al menos el 50% de lo recaudado a las zonas donde se ubican los parques.
Reacciones del sector
Ismael Morales, responsable de políticas climáticas de la Fundación Renovables, comenta: «es probable que este tipo de impuestos tiendan a generalizarse. Pero con la subida de los tipos de interés y los costes de los materiales en toda la cadena de valor, añadir más presión fiscal, cuando las instalaciones ya pagan el IBI y el ICIO a nivel municipal, no sé si es una buena medida para fomentar este tipo de energías». Morales también subraya la importancia de que los beneficios financieros de las energías renovables se queden en el territorio, pero considera que aumentar las cargas fiscales a nivel regional dificulta controlar el uso del dinero recaudado.
Panorama Nacional
Las primeras comunidades en implementar la tasa
Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León fueron las primeras en establecer una tasa al recurso eólico en 2009, 2011 y 2018, respectivamente. Según el informe ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral’ del Consejo General de Economistas, estas comunidades ingresaron unos 100 millones de euros en 2021 por este concepto. El informe señala que los tributos medioambientales tienen una recaudación «tan exigua que muy probablemente, si realizásemos un análisis coste-beneficio, sería negativo, pues con mucha probabilidad la recaudación obtenida no cubre los gastos de gestión de los mismos».
Excepciones y nuevas tendencias
Extremadura, una de las regiones con mayor potencia instalada, ha descartado implementar una figura fiscal similar. Sin embargo, autonomías como Cantabria y Aragón están legislando estas figuras impositivas antes de tener inversiones renovables significativas. Cataluña, a pesar de ser la principal productora de energía en España, se mantiene al margen debido al retraso en la implantación de renovables y un decreto que estuvo en vigor entre 2009 y 2021, impidiendo en la práctica el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos.
Rechazo y controversias
Opiniones del sector eólico
Los primeros impuestos surgieron como una «compensación territorial» en un momento en que las instalaciones recibían apoyo público a través de primas a las renovables. Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático en la Asociación Empresarial Eólica (AEE), señala que la tasa en Aragón no incentiva la reducción del impacto medioambiental, sino el aumento. Sugiere que un debate «honesto» con el Gobierno central, comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) sería lo más adecuado para una fiscalidad medioambiental ordenada.
Postura del sector fotovoltaico
José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), critica la justificación medioambiental del impuesto, calificándola de falsa. Afirma que la medida responde a promesas electorales de eliminar otros impuestos, creando inseguridad jurídica para los inversores internacionales. «Si la gran ventaja competitiva de la fotovoltaica en nuestro país es producir energía eléctrica un 50% más barata que en el resto de Europa y nos la comemos con impuestos, podemos perder la oportunidad de industrializar nuestro país», añade Donoso.