En un reciente informe, la destacada consultora Bain & Company ha profundizado en los avances y desafíos que enfrenta España en su trayectoria hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este análisis detallado destaca la necesidad de una inversión público-privada sustancial, cifrada en 2 billones de euros, para que España logre su ambicioso objetivo de cero emisiones netas para el año 2050.
Desde la implementación del Acuerdo de París en 2015, España ha demostrado progresos notables al registrar una reducción anual del 4,1% en las emisiones de CO2. Este logro se ha atribuido al cierre de centrales de carbón y al desarrollo sostenido de instalaciones de energías renovables, consolidando la posición del país como líder en este ámbito dentro de la Unión Europea desde 2019.
A pesar de estos avances, la evaluación de Bain & Company plantea dudas sobre la capacidad de España para alcanzar el objetivo intermedio del 55% de reducción de emisiones netas establecido para 2030 en la COP21. Las proyecciones actuales sugieren que, en esa fecha, España solo habría logrado una reducción del 32% en comparación con las emisiones de 1990.
El informe destaca que, de mantenerse esta tendencia, España podría llegar a 2050 con alrededor de 100 millones de toneladas equivalentes de CO2, representando una disminución del 60% desde 1990 y quedando un 40% por debajo del objetivo establecido. De las 267 millones de toneladas de CO2 emitidas en 2021, aproximadamente una cuarta parte provino de emisiones de particulares.
En este contexto, solo 288 empresas españolas, responsables del 14% de las emisiones corporativas, han establecido objetivos de reducción basados en la iniciativa SBT (science-based targets). Este escenario destaca la necesidad de un compromiso significativo de la administración pública, el sector privado y la sociedad en su conjunto.
El informe de Bain & Company subraya la urgencia de aumentar la capacidad renovable instalada al 100% para 2050 (actualmente en un 59%) y reducir la dependencia energética del exterior al 13% (frente al 71% en 2020). Además, se destaca la necesidad de electrificar carreteras, explorar combustibles bajos en carbono para la aviación y el transporte marítimo, y adoptar tecnologías sostenibles en la construcción de viviendas.
El calentamiento global podría ocasionar pérdidas económicas anuales de unos 21.000 millones de euros hasta 2050. En este contexto, se aboga por una colaboración público-privada efectiva para lograr los objetivos de descarbonización, señalando que ni las empresas ni el gobierno pueden responder solos a todos los retos climáticos.
Es necesario un plan coordinado que incluya incentivos fiscales, informes de reducción de emisiones adaptados a la realidad industrial y un marco normativo transparente y financieramente viable. Asimismo, destaca la importancia de que el sector privado mejore su eficiencia energética, adopte tecnologías de captura de carbono y promueva la conservación del ecosistema.
Este informe completo, titulado «Spain Is Baking. But Its Climate Change Plans Are Under-Done», proporciona una visión exhaustiva de la situación actual y las recomendaciones clave para impulsar la acción climática en España.